SUBVENCIONES ILEGALES EN LOS "E.R.E.S" - CON LA COMPLICIDAD DE LOS SINDICATOS.

IGUALITO QUE EN MADRID CON IVECO PEGASO, que recibe ayudas a pesar de los MUCHOS despidos (y los sindicatos UGT y CCOO, lo conocen y OCULTAN).

La Junta de Andalucía, en el punto de mira por los ERE ilegales.
El atestado policial incide en que las empresas beneficiarias no solicitaban la financiación pública, sino que se les ofrecía.
sevilla- La Junta de Andalucía y el partido que rige sus designios desde hace décadas, el PSOE, ya no pueden escudarse durante más tiempo en la crispación política para eludir responsabilidades en el «caso Mercasevilla». Las múltiples ramificaciones de este escándalo han desvelado la existencia de una presunta «trama para la utilización fraudulenta» de expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados con fondos públicos, y en esta red ilegal, según reza el completo informe de la Policía Judicial para la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, tuvo que participar «algún alto cargo» autonómico.
Para la autoridad judicial, está claro que la Junta lleva años aprobando y financiando ERE en empresas privadas y una pública –el mercado central, como recordaba su ex gerente Fernando Mellet en aquella grabación de los hosteleros de La Raza– en los que se «incluiría» a personas ajenas a ellas. En la regulación laboral iniciada en Mercasevilla en 2003 se identificó como «intrusa» a Carmen Fontela, y en la de 2007 se «coló» al exdirigente del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo.
El atestado policial deja claro que se trataba de meros «hombres de paja» introducidos en la negociación laboral y la tramitación administrativa por «intermediarios», el exsindicalista Juan Lanzas y el comercial de Vitalia Francisco González, con el objetivo de «percibir ellos mismos las cantidades» previstas para los prejubilados. Todo indica que González se repartía las ayudas de Carmen Fontela –vecina de sus padres de toda la vida– con Lanzas, y los investigadores buscan pruebas de que ambos fueron los «verdaderos perceptores» de las retribuciones adjudicadas a Garrido Santoyo. Pero, además, advierten de que «quedan otros dos actores que debieron percibir cantidades por llevar a cabo los expedientes». Uno es Mellet. El otro, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien autorizaba los ERE firmando «directamente un protocolo» con las empresas y la Seguridad Social. «No consta en los expedientes ni una sola solicitud de ayuda» por parte de las firmas beneficiarias y simplemente se les ofrecía por «intermediarios o algún responsable de la Consejería de Empleo», según el atestado.
El informe insiste en que los implicados «debieron contar con la anuencia de algún cargo de la Junta de Andalucía que permitiera la inclusión de personas en unos ERE de empresas para las que nunca trabajaron». La indagación en el Gobierno autonómico superará la mera gestión de esos ERE.